El 1 de enero Bruselas puso en vigor la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que deja la puerta abierta para que sociedades que explotan terrenos incluidos hasta ahora en la “lista negra”, como aeropuertos o campos de golf, puedan acceder a subvenciones. La reforma, que será revisada en 2020, da la opción a cada Estado para que defina qué activos recibirán los pagos europeos.

Actualmente en España el Ministerio de Agricultura prioriza en las subvenciones, que suponen casi 5.000 millones al año, al “Agricultor Activo”, aquellos agricultores cuya actividad agraria les proporciona al menos un 20% de sus ingresos.

Además, para optar a las subvenciones, las sociedades interesadas tenían que cumplir tres exigencias: (1) que el importe anual de los pagos fuese al menos inferior al 5% de los ingresos totales de las actividades no agrarias; (2) que las actividades agrarias no fuesen insignificantes y (3) que el objeto principal social fuese el ejercicio de la actividad agraria.Con la reforma, sólo habrá que cumplir una de las condiciones.

Además, la reforma permite a cada Estado reconocer o no la figura del Agricultor Activo y se suavizan las exigencias medioambientales, de manera que se abre la puerta para que terrenos de urbanizadoras e inmobiliarias, aeropuertos o campos de golf puedan acceder a las subvenciones de la PAC.